Ministro, anótelo en su agenda

Alberto Etchegaray

La instalación de un nuevo gobierno trae siempre la oportunidad de que las entrantes autoridades refuercen agendas pendientes. Yo, al menos, tengo una particular obsesión que pedirle conjuntamente a quienes sean los nuevos ministros de Hacienda, Economía y Educación: la de cómo entregar mayor educación a los consumidores financieros. Porque ya sabemos lo que dicen las encuestas: que habiendo aceptación al modelo de mercado, existe una transversal percepción de que abundan los abusos de las empresas. Particularmente, en el sector financiero es clave contar con consumidores con mayor educación y poder negociador, única manera de recuperar la confianza y legitimidad del sistema.



¿Pero es a través de más regulación que lograremos mayor educación? Usted me dirá que basta y sobra con la regulación financiera ejercida por la SVS, la SBIF o la SAFP. Disiento. Ocurre que la lógica de esos reguladores ha estado enfocada por expreso mandato legal en el cumplimiento de objetivos bien acotados por fallas de mercado: asegurar la solvencia financiera de las instituciones (bancos, compañías de seguros), asegurar el continuo flujo de información por parte de los emisores (SVS) y asegurar el régimen de inversiones de las AFP. O sea, el legislador erró en reconocer otra importante falla de la ecuación: las asimetrías de información que enfrentan los consumidores financieros.

Exagerada premisa dirá usted. Depende. Le pido que recuerde que usted no califica como un consumidor financiero promedio, sino más bien es altamente calificado y sofisticado. Entiende los alcances de los productos ofrecidos, cotiza entre varios oferentes financieros, negocia muchas veces los términos ofrecidos y puede incluso reclamar “bien arriba” cuando algo no funciona bien. Pero ese es un lujo que no se puede dar la mayoría de los chilenos.

Es cierto que hoy existe el Sernac Financiero. Pero como bien dijo Eduardo Engel, es un león sin dientes que ronca mucho y muerde poco por la falta de atribuciones sancionatorias. Es cierto también que la SVS dictó una norma para corredoras de Bolsa en donde se incluye expresamente el deber de ofrecer a los clientes productos y servicios acordes a su perfil de riesgo, así como advertir en esas ofertas la presencia de potenciales conflictos de interés. Pero son esfuerzos parcelados, no integrales. El llamado a los tres Ministros es justamente porque la responsabilidad escapa a un regulador sectorial.

Reconozcamos, además, que el desafío de educación financiera es complejo, pues implica asumirlo no solo como derecho sino también como un deber ciudadano. A estar informado de las condiciones antes de firmar, a cotizar, a no endeudarse más allá de lo debido. Un desafío clave para la competitividad de nuestra economía. De ahí que, mientras no exista un esfuerzo sostenido de educación a sus clientes por parte de las distintas industrias, se impone la necesidad de avanzar en contar con una agenda pública que tenga como tarea principal mejorar la educación de los consumidores financieros.

Tarea para marzo.